Reforma Educativa y ley 30: temas que exigen mucho más análisis
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¿Qué implica la nueva Reforma Educativa en Colombia?
En los dos años de cumplimiento que su mandato, el presidente Gustavo Petro sostiene en su agenda de gobierno la importancia de presentar una reforma educativa que fuera en principio formulada con el equipo de la exministra Aurora Vergara. Aunque no ha tenido la fluidez que se esperaba,
La ley 30 de 1992 estaría siendo modificada en algunos aspectos relevantes.
Algunos cambios propuestos incluyen:
Financiamiento adecuado: Se busca garantizar recursos suficientes para las instituciones de educación superior.
Cobertura y gratuidad: Se pretende aumentar la cobertura y la política de gratuidad.
Dignificación del trabajo docente: Fortalecer las condiciones laborales de los profesores.
Infraestructura educativa: Mejorar y ampliar las instalaciones.
Educación en territorios necesitados: llevar educación a los territorios que lo requieran.
La Ley 30 y su Impacto en la Reforma Educativa en Colombia
La Ley 30 de 1992, un hito en la educación superior colombiana, ha sido objeto de debate y transformación a lo largo de los años. Su influencia en la reforma educativa actual es innegable. A continuación, exploraremos algunos aspectos clave:
Autonomía Universitaria: La Ley 30 otorgó a las instituciones de educación superior autonomía para definir sus planes de estudio, investigaciones y gestión administrativa. Esta autonomía ha sido fundamental para fomentar la diversidad académica y la innovación.
Acceso y Cobertura: La Ley 30 buscó ampliar el acceso a la educación superior, promoviendo la creación de nuevas universidades y programas. Sin embargo, la reforma actual debe abordar desafíos como la equidad en el acceso y la calidad de la educación.
Financiamiento: La Ley 30 estableció mecanismos de financiamiento, como el Sistema General de Participaciones con la transferencia de recursos en territorios para los servicios, entre ellos la educación. Esta reforma debe presentar una propuesta de sostenibilidad financiera y garantizar recursos adecuados para la educación superior.
Calidad y Acreditación: La Ley 30 introdujo la acreditación como un proceso de evaluación de la calidad. La nueva propuesta de transformación de la educación superior debería fortalecer este sistema y asegurar que las instituciones cumplan con estándares rigurosos.
Internacionalización: La Ley 30 impulsó la cooperación internacional y la movilidad estudiantil. Se deben fomentar alianzas globales y programas de intercambio.
Desde la Ley 30 se sentaron los cimientos para hacer de la educación superior un derecho más inclusivo y dinámico. La reforma actual no debe afectar estos avances, considerando los desafíos actuales y futuros. La participación de comunidades académicas y de la sociedad civil es fundamental para crear una oferta de calidad de la educación superior en Colombia.
Así lo explica la exministra de educación nacional Aurora Vergara
Recordemos que la propuesta de esta reforma tiene como sustento el programa de gobierno que asegura que debe cubrirse con celeridad y calidad todos los territorios de Colombia, así como el apoyo financiero y de cupos para que los jóvenes de los departamentos menos favorecidos puedan acceder a la educación superior en instituciones de primer, segundo y tercer orden.
¿Qué busca lograr la reforma estatutaria a la educación?
La educación como derecho fundamental es la principal apuesta de esta reforma. En Colombia esto no pasa aún y no se tiene este beneficio. Por eso, dice la propuesta, la articulación con la ley 30 y el ICETEX es necesario para dar curso a la reforma.
De igual manera se propone la inclusión otros grupos especiales como adultos mayores, hombres y mujeres privados de la libertad y personas con algún tipo de discapacidad, y así garantizar su acceso. Igualmente se espera darles acceso a los grupos étnicos, con la posibilidad de que éstos puedan crear sus sistemas educativos propios.
Otro aspecto importante de la reforma tiene que ver con la educación media, sobre esto, la reforma plantea articular el paso de la media a superior, lo cual puede incluir el grado duodécimo y décimo tercero en las escuelas normales superiores.
El proyecto, también busca fortalecer la formación ciudadana, cultural, en artes y en uso de las tecnologías, esto para todos sus niveles.
En un análisis del Laboratorio de Gobierno de la universidad de La Sabana, que vale la pena traer a colación en este escrito, plantearemos de manera resumida esa reflexión que se hiciera en su momento, así:
En los primeros puntos se plantea que será el estado quien garantice de manera progresiva el derecho a la educación con base en principios de igualdad, equidad, calidad y pertinencia. Acá, hablaba la universidad de que todos pueden acceder a la educación, inclusive alterando el estado de los sancionados o los expulsados.
También se propone desde la inclusión que la propuesta curricular pueda armonizar con comunidades y saberes ancestrales. Un tema que merece más atención.
Una propuesta de eliminar de la universidad la modalidad abierta y a distancia no es bien recibida toda vez que de acuerdo al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), hay en funcionamiento más de 1240 programas en el país.
Darle más poder al ministro (a) de Educación y a su vez que éste reemplace varias de las funciones del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), pone a pensar también en otras aristas como quitar, de un consejo superior creado por el ministro educación, el cupo que debería tener los rectores de las universidades privadas, genera un descontento entre los directivos de las IES privadas.
Modificar los sistemas de aseguramiento de la calidad de las instituciones educativas puede suponer que esto reemplace o condicione el sistema de acreditación institucional. Así mismo se quiere eliminar la autoevaluación institucional, no hay que ir lejos para entender que esto va en detrimento de la educación de calidad.
Hay que mirar con lupa esos articulados que hablan de las facultades para creas instituciones estatales u oficiales y que se elimine este concepto favorable del Cesu, no es bien recibido por las comunidades educativas. Pero además en este sentido se pretende que sean asambleas multiestamentarias como cuerpos colegiados que faculten a comunidades para mayor participación en la formulación de planes y reformas.
Finalmente se habla de criterios en los sistemas de financiación de las IES para su funcionamiento. Se plantea la reducción de los créditos reembolsables para pregrado, con el fin de fortalecer el portafolio de financiación a créditos para estudios en el exterior. “El cambio en los criterios de asignación de becas y créditos y la disminución gradual en el otorgamiento de créditos reembolsables podría significar la transformación del objeto social del Icetex, desmontando la financiación de los estudios universitarios en claro perjuicio de las IES privadas”, dicen los analistas.
Para cerrar decía el texto que se debe destinar un 5% de su presupuesto para programas de bienestar pero que sobre todo debe apuntar a la reducción de brechas académicas, la permanencia, la salud física y mental, resolución de problemas, prevención de violencias de todo tipo, entre otros.
Es decir, desde el 7 de agosto arrancó un tercer año de gobierno y con premura los rectores y directivos de las IES, pero sobre todo los privados, están muy atentos a una reunión que se pueda dar con el Ministro de Gobierno o con el de Educación de Colombia para discutir a la altura que se merece la Ley 30 y otros temas que preocupan al sector educativo del país.
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